Se produce un delito de frustración a la ejecución  cuando el deudor realiza actos fraudulentos conscientemente para perjudicar los intereses de sus acreedores. Es cuando el acreedor crea la situación de insolvencia o la agrava. La conducta típica, el comportamiento que se sanciona es obstaculizar el procedimiento. Se trata con este tipo penal de darle fluidez a la tramitación judicial de los procedimientos de ejecución.

Así la conducta penada en el delito de frustración de la ejecución  es alzarse con los bienes en perjuicio  de sus acreedores o llevar a cabo actos de disposición sobre los mismos para disminuir u ocultar elementos de su patrimonio sobre los que podría hacerse efectiva la deuda o pago de responsabilidad civil pendiente. Es indiferente el tipo de acreedor de que se trate, público o privado pero la pena se agrava si la deuda es de Derecho Público y el acreedor la Hacienda Pública o la Seguridad Social en cuyo caso la pena puede alcanzar los seis años de prisión.

Está penada también la presentación a la autoridad en el marco de un procedimiento judicial o administrativo de una relación de patrimonio incompleta o mendaz que impida o dificulte la satisfacción del acreedor.

Los requisitos que han de estar presentes según el Tribunal Supremo para apreciar este delito es que 

• Ha de existir un crédito vencido, líquido y exigible contra el deudor.
• El deudor haya llevado a cabo actuaciones dirigidas a la destrucción u ocultación real o ficticia de todo o parte de su patrimonio, dificultando con ello el cobro por parte del acreedor.
• La insolvencia o disminución del patrimonio ha de ser voluntaria.
• Debe existir ánimo de defraudar, exigiéndose por tanto un conducta dolosa, intencionada y voluntaria 

Entre las circunstancias que con más frecuencia nos encontramos en VOX LEGIS ABOGADOS en clientes personas físicas, están las denuncias por actos para reducir la masa hereditaria. Es el caso de que se merme la masa hereditaria bien sea para favorecer o para perjudicar a un heredero frente a otro. El hecho de renunciar a una herencia para perjudicar a los acreedores del fallecido puede considerarse también una conducta de alzamiento de bienes. En los supuestos en los que esa fuga del patrimonio del acreedor de un bien se produce mediante algún negocio jurídico con la finalidad de perjudicar al acreedor podría incluso tener ese hecho la calificación jurídica de delito de estafa. 

Pero no todo acto de disposición que perjudique a un acreedor es delito, ya que según el Tribunal Supremo han de darse varios requisitos que desde VOX LEGIS ABOGADOS analizaremos detalladamente. En el tráfico civil y mercantil en ocasiones deslindar el carácter delictivo o no de determinados actos de disposición no resulta tarea fácil.